“Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, señala el DOF.
En el caso de las remuneraciones, estarán sujetas a los principios rectores, sin que rebasen el salario del presidente:
- Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;
- Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes;
- Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto;
- Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes;
- Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos;
- Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y
- Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.
Como lo establece el primero de sus artículos transitorios, el nuevo ordenamiento entrará en vigor mañana, un día después de su publicación. Éste regulará así no sólo sueldos y dietas, sino también aguinaldos, premios, recompensas y bonos de los servidores públicos.
El proyecto adiciona asimismo un capítulo al Código Penal Federal para tipificar el delito de remuneración ilícita a los servidores públicos y sancionarlo hasta con 14 años de cárcel y multa equivalente a 3 mil días de salario mínimo.
