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Renuevan medidas de protección a María Elena Ríos; aplican en Oaxaca, pero no en CDMX

María Elena Ríos

La joven es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Oaxaca; por el riesgo que ella tiene como defensora de derechos humanos y no a su situación como víctima del delito

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer en un comunicado que la saxofonista María Elena Ríos, es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde julio de 2021.

Lo anterior tras ser víctima de un intento de feminicidio al ser atacada con ácido, por lo que contó con un esquema de protección en la Ciudad de México y Oaxaca.

Ayer, la joven oaxaqueña acudió a Palacio Nacional y al Senado de la República para pedir el apoyo de las autoridades. Esto luego de que le notificaran que su agresor busca obtener un amparo para llevar su proceso en libertad.

La María Elena Ríos aseguró sentirse con temor. Aunado a ello, subrayó que desde el 4 de abril pasado le notificaron la reducción de protección federal. Esto significa que solo tendrá seguridad mínima, por lo que apeló, pero sin resultado favorable.

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Concentración de las medidas de seguridad en Oaxaca y no en la Ciudad de México

Al respecto, la Segob indicó que, tras una reevaluación de su situación de riesgo, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en el mes de marzo de este año decidió por unanimidad concentrar las medidas de protección en el estado de Oaxaca al tomar en cuenta las particularidades de su caso.

La Junta de Gobierno confirmó la decisión por mayoría. En ella se especifica que el esquema de protección con el que cuenta tenga su implementación en el estado de Oaxaca y no en la Ciudad de México.

La Segob subrayó que esta determinación se tomó con base en los análisis de riesgo realizados y servicios de protección otorgados para la joven.

La dependencia subrayó que ella recibe esta protección por el riesgo que tiene como defensora de derechos humanos, y no a su situación como víctima del delito. Ésta la tienen que valorar las autoridades de procuración y administración de justicia estatales en el ámbito de sus competencias, para así determinar lo conducente.

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CGLP

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