Se publicó el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990
Por decreto presidencial, este 6 de octubre fue creada la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto para crear una nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, que tendrá la tarea de investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990.
Se trata de un “grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.
La nueva instancia que tendrá carácter temporal -hasta el 30 de septiembre de 2024- cumplirá funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo conocido como guerra sucia, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.
Esta Comisión tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
En el DOF se detalló que la Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, quien encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Además de Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La Comisión para el Acceso a la Verdad también estará integrada por cinco expertos “de reconocida calidad moral o prestigio profesional”, quienes serán propuestos de manera conjunta por “un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes”.
Para la propuesta de los candidatos que integren esta comisión se contará sólo con “la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, se indicó en el decreto publicado en el DOF.
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En el decreto, publicado en la edición vespertina del DOF, se establece que, para el cumplimiento de su objeto, corresponde a la Comisión llevar a cabo investigaciones sin sesgos, con independencia, imparcialidad y competencia.
Podrá acceder a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para consulta, a los repositorios de sus archivos de concentración y documentos históricos, cualquiera que sea el soporte que los contenga, con la finalidad de contribuir con las investigaciones y las acciones de búsqueda que se realicen en el marco del presente Decreto.
De igual manera, llevar a cabo acciones de búsqueda e investigaciones de campo en dependencias y e entidades de la Administración Pública Federal con las personas y en los lugares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.
Asimismo, establecerá mecanismos de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial Federal y locales; los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y organismos autónomos, para tal efecto, y promover la coordinación y/o colaboración con la Fiscalía General de la República y fiscalías locales, con el fin de coadyuvar en el acceso a la justicia y la verdad a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Una vez agotados los tiempos de investigación, la comisión integrará y presentará al presidente de la República, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad en general.
La comisión entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes.
El pasado fin de semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes que tuvieron lugar entre 1965 y 1990, con el fin de hacer justicia, reparar a las víctimas y continuar la búsqueda de las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época.
A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, anunció que el Gobierno de México seguía trabajando “por la reivindicación y memoria de las víctimas”, para lo cual se crearía “la Comisión por la verdad y el esclarecimiento histórico, la justicia y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 1965-1990”.
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CAB
