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Senado recibe iniciativa sobre operación de la Guardia Nacional que tendrá superpoderes

Las entidades y municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán los recursos y materiales necesarios para su operación

La Guardia Nacional tendrá presencia en todo el país y vigilará todas las actividades productivas y sociales.
De acuerdo con la iniciativa sobre su operación, que ayer recibió el Senado, tiene facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso la red pública de internet. Sus elementos deberán someterse a controles de confianza, tener el Certificado Único Policial y recibir entrenamiento contra tortura y uso excesivo de la fuerza. Además, los servicios de la Guardia Nacional tendrán un costo para los gobiernos estatales y municipales, que se cargará de sus presupuestos. Otra ley que se puso ayer a consideración del Senado es la que reglamentará el uso de la fuerza. En ella se establece que los cuerpos de seguridad podrán “responder con fuerza letal” cuando un sujeto o un grupo de personas los amenacen con medios que también impliquen una amenaza letal. Este tipo de fuerza no podrá ser usado en un bloqueo de calles o sobre una manifestación social pacífica.
   
La iniciativa federal plantea que el uso de la fuerza sólo se justifica cuando la agresión es real; es decir, si se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria; cuando se presenta en el momento del hecho, si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría y cuando se pueda poner en peligro la vida o integridad física de terceros o de un elemento de seguridad pública. De igual forma, esta ley establece que los cuerpos de seguridad podrán tener a su cargo un bastón PR24, tolete o equivalente; dispositivos que generan descargas eléctricas; esposas o candados de mando; sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión, como armas no letales. Y como armas letales serán consideradas las armas de fuego y explosivos permitidos en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de retiro, será el comandante de la Guardia Nacional, anunció ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. La corporación de reciente creación tendrá un Estado Mayor conformado por Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (representando al Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (por parte de la Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, de la Policía Federal. “Nosotros no actuamos con cerrazón. En este caso, el que opere bien la Guardia Nacional y que sean militares en proceso de retiro se vio que era posible satisfacer esa petición (que la comandancia de la Guardia Nacional no sea militar)”, enfatizó López Obrador. En el anuncio el Presidente enfatizó que la prioridad de este organismo es garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos, con vigilancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, insistió en que los cursos en el respeto a los derechos humanos de sus futuros elementos iniciaron desde antes de que se formalizara la creación de la GN. Por su parte, Durazo acudió al Senado a entregar el paquete de cuatro iniciativas de ley para dar forma legal a la nueva Guardia Nacional. En la propuesta para la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se instruye que las academias e institutos policiales impulsen “una doctrina policial civil”. Define también el concepto de “proximidad social”, como “una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de colaboración interna e interinstitucional que fortalezca gobernanza local”. Dispone también que “el Centro Nacional de Información regulará el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia bajo el número único 911, en coordinación con las entidades federativas”, para lo cual se procurará la estandarización y certificación de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia. El gobierno federal diseñó una poderosa Guardia Nacional que estará en todo el país, en todas las actividades productivas y sociales, con poderes para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, aplicar operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras y puentes, aduanas, garitas, aeropuertos, puertos marítimos y la red pública de internet. Por eso, sus elementos estarán obligados a cubrir una serie de requisitos como someterse a pruebas de control de confianza, contar con el Certificado Único Policial y recibir entrenamiento en contra de prácticas de tortura y exceso de uso de la fuerza, de acuerdo con la propuesta de Ley de Guardia Nacional que ayer entregó al Senado el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. La propuesta confirma que los servicios de la GN tendrán un costo para estados y municipios. “Las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal. También solventarán los gastos de los hechos y situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración”, dice la propuesta. De igual forma, estarán obligados a cooperar con recursos cuando se generen gastos fortuitos o de fuerza mayor y mantener la inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que sean necesarios. La iniciativa entregada al Senado establece 45 competencias que tendrá la Guardia Nacional, como salvaguardar la integridad de las personas, garantizar el orden y la paz social y prevenir la comisión de delitos. Así, la Guardia Nacional actuará en “las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los paros y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos; secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, señala el documento. También operará en “los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos; los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de dependencias y entidades de la Federación; todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia”. Los legisladores también recibieron ayer la propuesta para crear la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Con información de Leticia Robles de la Rosa

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