Estos hechos ocurrieron entre 2006 y 2018, constituyen una grave afrenta a la justicia y se consideran una faceta más de las desapariciones forzadas.

Solicitudes de familiares reclamando cuerpos, notas periodísticas locales y nacionales, hicieron que la ONG Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) volteara a ver al Servicio Médico Forense  (Semefo) de Jalisco y las irregularidades que tienen lugar ahí.

Llevaron a cabo investigaciones  cuyas conclusiones plasmaron en un reporte titulado “Incineraciones de Cuerpos No Identificados en Jalisco. Crímenes Sin Justicia”, parte de estas conclusiones indican que no se siguieron protocolos, lo que derivó en un mal manejo de cuerpos, llevando a la incineración de los mismos sin haber sido identificados y en más de la mitad de los casos sin haberles realizado colecta de ADN o material que permitiera su identificación.

Estas acciones constituyen una obstrucción al derecho a la  verdad y la justicia, lo que hace necesaria una investigación para revelar la identificación de cadáveres, así como sus causas de muerte.

Ana Karolina Chimak, activista de Cepad, explicó en conferencia de prensa que en una solicitud de información de 2015, el Forense dijo que había incinerado 1,581 cuerpos. En otra, de 2017, señaló que eran 1,571 y solo le hicieron pruebas genéticas a 141. En octubre pasado, la respuesta a otra solicitud fue que los cadáveres cremados eran 1,560, más una osamenta y 32 restos óseos, y que le habían tomado muestras biométricas solo a 803.

“Estos datos confirman que la mayoría de los cuerpos incinerados nunca se encontrarán en ninguna base de datos genéticos. Lo que significa que miles de familiares de personas desaparecidas son brutalmente privadas de la posibilidad de encontrar un día información alguna sobre su ser querido. Su búsqueda incansable nunca va a concluir y su duelo nunca va a cerrar. Se borraron las evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas”, sentenció.

Aseveró que esta incineración de cuerpos “puede ser considerada otra forma de desaparición forzada”, pues se niega a las familias el acceso a la verdad y a despedir a sus seres queridos conforme a sus creencias y tradiciones. “Se han borrado evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolos en cenizas”.

La organización pide se realice una investigación objetiva e imparcial y solicita se implemente el Protocolo de Minnesota -que implementó la ONU- en el cual participan expertos independientes.

Indicó que a esta práctica ilegal se suma la información que se dio a conocer en septiembre del año pasado, cuando se conoció que trailers cargados con decenas de cuerpos no identificados circulaban por varias ciudades del estado debido a la falta de espacios en las instituciones para albergar los cadáveres.

Ante esta situación se creó una comisión de acompañamiento de observación para los procesos de identificación e inhumación de los cuerpos que estableció al menos siete elementos para considerar que se tiene la identificación plena. “Tomamos en cuenta las pruebas de ADN, la necropsia, los datos odontológicos, la cuestión antropológica, huellas dactilares, entre otra información. Son siete elementos en total, pero antes no se hacía”, dijo.

“Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar se encuentran sus seres queridos, y les privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo”.

Jalisco dejó de incinerar cuerpos en 2015, a pesar de que la Ley General de Víctimas, que entró en vigor dos años antes, prohibió hacerlo hasta no concluir los procesos de investigación en cada muerte. Sin embargo, en 2018 todavía fueron entregadas siete bolsas de cenizas a familias que ya no pudieron ver si el cuerpo que recibieron realmente era el de la persona que buscaban.

El 16 de noviembre de 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informó a Cepad que tiene bajo su resguardo un total de 710 cuerpos incinerados, que se encuentran en las instalaciones del Semefo; “el resto se encuentra depositado en el Panteón Jardín”, en Guadalajara.

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