Un grupo de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció públicamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
En Nayarit, las denuncias de acoso contra el gobernador se han vuelto un tema candente que ha captado el interés público.
Un grupo de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha acusado públicamente al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, de acoso laboral y hostigamiento, alegando una supuesta campaña de intimidación contra quienes han denunciado irregularidades en la administración pública.
Los denunciantes afirman haber sido objeto de amenazas y represalias, tanto en su ámbito laboral como fuera de él, por intentar hacer públicas situaciones que consideran irregulares. Según sus testimonios, el acoso se ha manifestado mediante traslados injustificados, una carga excesiva de trabajo y constantes descalificaciones. Varios empleados han expresado su temor a perder sus puestos y han solicitado apoyo a organismos de derechos humanos y asociaciones civiles para su protección.
Te podría interesar: Detienen a otros tres por masacre en bar Cantaritos
Diversos sectores de la sociedad han demandado una investigación imparcial para esclarecer estos hechos. Organizaciones de defensa de los derechos laborales y civiles han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han convocado una marcha para visibilizar lo que consideran un caso de abuso de poder.
Te puedeinteresar
Mientras tanto, el Congreso local se encuentra dividido frente a las denuncias: algunos diputados han pedido la creación de una comisión investigadora, mientras otros defienden al gobernador y restan importancia a las acusaciones.
Este caso ha desatado un intenso debate en el estado sobre el respeto a los derechos laborales y los límites del poder ejecutivo, resaltando las dificultades que enfrentan los empleados públicos al denunciar posibles injusticias dentro del gobierno. El gobernador continúa apareciendo en los titulares, pero por decisiones de gobierno que generan controversia.
