Gobierno responsabiliza a administraciones anteriores.
Tabasco enfrenta alta incidencia de violencia familiar y robos. En Tabasco, la violencia familiar y el robo continúan como los delitos más frecuentes, en un contexto donde el gobernador Javier May ha señalado que la problemática deriva del fortalecimiento de grupos delictivos durante gobiernos anteriores. Las cifras recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) muestran un escenario preocupante, intensificado por la elevada percepción de inseguridad entre la población.
Durante octubre, la violencia familiar encabezó los registros con 566 carpetas de investigación, consolidándose como la conducta delictiva más común. Este dato coincide con la ENDIREH 2021, que reveló que el 68.7% de las mujeres tabasqueñas mayores de 15 años había experimentado algún tipo de violencia en su vida.
El robo se posicionó como el segundo delito más recurrente, con 185 casos. En el municipio de Centro, la situación es especialmente crítica: ahí se concentraron mil 846 incidentes delictivos en el mes, representando el 48.4% del total estatal.
Villahermosa: una ciudad bajo constante percepción de riesgo
Diversas encuestas del INEGI, como la ENSU y la ENVIPE, ubican de forma reiterada a Villahermosa entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México. Aunque los reportes recientes muestran una ligera reducción en el indicador (de 83% a 80%), la capital de Tabasco permanece dentro de las 15 ciudades donde la población se siente más vulnerable.
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Pese a las exigencias ciudadanas y los señalamientos de distintos sectores sociales, el gobernador May Rodríguez ha atribuido la gravedad del fenómeno a herencias del pasado, postura que para algunos habitantes representa un intento de evadir responsabilidad y de justificar la ausencia de resultados inmediatos. En municipios como Centro, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, persiste la exigencia de acciones firmes para enfrentar la crisis.
La cifra negra —los delitos que no se denuncian, como la extorsión o el fraude— sugiere que el problema podría ser aún mayor que lo que muestran los indicadores oficiales, generando dudas sobre la eficacia de la estrategia de seguridad implementada por la actual administración.
