El continuar con la gestación y el haber sido obligada a amamantar a la menor crearon en ella una profunda afectación emocional
Esta semana, el Ministerio de Justicia de Perú (Minjus) pidió disculpas públicas en nombre del Estado a Noelia Llantoy, una mujer de 34 años a quien hace 17 años le negaron el procedimiento de un aborto terapéutico.
Era el año 2001 cuando la entonces menor de edad, de 17 años, se enteró de su estado gestacional de tres meses, sin embargo, el ultrasonido revelaba que el bebé sufría de un defecto congénito llamado anencefalia, que le había impedido el desarrollo normal del tubo neural.
Este defecto provocaría que el bebé nacería sin cerebro o sin una parte de este órgano y que moriría a las horas o días de nacido, por lo que el ginecólogo recomendó a la paciente someterse a un aborto terapéutico en el hospital público en el que estaba atendiéndose, el Arzobispo Loayza, en Lima, Perú.
Noelia acudió al centro acompañada de su familia para solicitar el procedimiento debido a que su vida también estaba en riesgo, sin embargo, el director del nosocomio rechazó ofrecerle el servicio pues consideró que el aborto no era de índole terapéutico, legalizado por el artículo 119 del Código Penal que permite “la suspensión del embarazo como único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal permanente”; sino de carácter eugenésico, es decir, un aborto voluntario cuando se prevé que el feto nacerá con malformaciones, por lo que la joven fue obligada a llevar a término su embarazo.
En enero de 2002, la joven dio a luz a una niña que murió cuatro días después de nacida, debido a su irreparable condición.
Esto generó en Noelia una profunda depresión que la obligó a salir de su país y emigrar a Madrid para dejar atrás la horrible experiencia, de la cual ella se sentía culpable por “haberse quedado embarazada”, como le dijeron los médicos.
“Cuando me fui tenía la convicción de que todo era mi culpa, que la única responsable era yo. La sociedad influyó mucho. Yo misma era parte de esa sociedad y tenía otra forma de pensar. Emigrar también era un poco escaparme de mí misma”, compartió la joven.
Según reportes psiquiátricos elaborados antes y después del parto, el continuar con la gestación y el haber sido obligada a amamantar a la menor crearon en ella una profunda afectación emocional.
Aunque el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924, en el año 2014 hubo una gran marcha en Lima contra la reglamentación de este procedimiento debido a que había una guía para su aplicación.
En noviembre de 2002, Demus, la organización pro derechos femeninos Cladem y la organización internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR) demandaron al Estado peruano por el caso de Llantoy ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El reclamo se basó en la negativa a permitirle hacerse un aborto terapéutico y además en los daños que lo sucedido provocó en su estado mental.
Tres años después, el Comité de la ONU dijo en su decisión final que esta “experiencia añadió dolor adicional y angustia a la adolescente”, por lo que el Estado peruano tenía “la obligación de dar pasos para que violaciones similares no ocurran en el futuro” e indemnizar a Noelia.
“La protección de la salud mental es particularmente importante en menores”, añadió. “La negación del aborto terapéutico fue, según la opinión del Comité, la causa del sufrimiento que experimentó”.
Contenido relacionado
