Se trata del amparo que tramitó Marisol Mayte Tapia de Jesús, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, junto con seis personas más
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó a una Jueza a admitir a trámite un amparo promovido por una de las víctimas del colapso del desplome de una ballena en mayo pasado en el paso elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Por lo tanto, la Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Roble Magaña, deberá admitir a trámite el amparo que tramitó Marisol Mayte Tapia de Jesús, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, junto con seis personas más, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) les permita conocer el contenido de la carpeta de investigación sobre los hechos, detalló el diario Milenio.
Durante el colapso de una ballena en la vía elevada de la Línea 12 del Metro, entre la estaciones de Olivos y Tezonco, falleció Brandon Giovanny, junto con otras 25 víctimas, además de que se reportaron docenas personas que resultaron lesionadas, por lo que el amparo les permitirá una defensa adecuada y acceso a la justicia.
En agosto la jueza primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Roble, desechó la demanda. Ante ello las víctimas presentaron una impugnación.
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El caso fue atraído por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal cuyos magistrados declararon fundado el recurso de queja dado que la demanda de amparo no tiene el alcance de suspender, paralizar o dar por terminada la indagatoria del Ministerio Público.
Explicaron que los demandantes se duelen por la omisión de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina al no informarles el plan de investigación ni las carpetas abiertas para esclarecer los hechos.
Añadieron que tampoco se les ha informado sobre los dictámenes, clasificación de lesiones y testimonios, así como de los trabajos periciales hechos por el colapso en la Línea 12 del Metro.
En su demanda las víctimas señalaron que en julio el agente del Ministerio Público, José Manuel Ruiz Macal, les negó el acceso a la carpeta de investigación por existir otras víctimas.
Los magistrados del tribunal colegiado coincidieron en que acceder a la carpeta de investigación está apegado al amparo del derecho a una defensa adecuada y de acceso a la justicia, que son principios constitucionales.
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CAB
