El juez determinó que el ex procurador enfrente proceso penal tras la valoración de las pruebas que presentó la FGR y la defensa del imputado
El juez Antonio Fuerte Tapia determinó vincular a proceso al ex procurador Jesús Murillo Karam en el caso Ayotzinapa por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.
Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, el juez consideró que el Ministerio Público aportó pruebas suficientes para abrir un proceso penal contra el ex funcionario.
En la primera audiencia, el representante de la FGR señaló que Murillo Karam organizó reuniones con altos funcionarios para fraguar la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa. En ésta se asegura que en septiembre de 2014 asesinaron a los 43 normalistas. Luego quemaron sus restos en el basurero de Cocula y los arrojaron en el río San Juan.
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Un crimen de Estado
Un día antes de la detención de Murillo Karam, el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se concluye que la desaparición de los 43 normalistas constituyó un crimen de Estado. En éste participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como diversas instituciones del Estado mexicano.
Además, autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas, ya que tenían conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la normal Isidro Burgos hasta su desaparición. Ello también permitió su ejecución,. Sin mencionar que se trató de ocultar la verdad con la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
Encinas indicó que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, pues los testimonios y evidencias acreditan que fueron asesinados y desaparecidos.
Tras el informe, la FGR informó que un juez libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala; cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula; 11 policías estatales y 14 miembros de Guerreros Unidos.
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