Procedimientos no autorizados, reprimendas o comentarios irónicos, machistas y racistas, son parte de la violencia obstétrica que sufren las mujeres.
Sentenciadas por el decreto bíblico “con dolor darás a luz a tus hijos”, por muchos años las mujeres han sido sometidas a todo tipo de vejaciones, maltratos y burlas, durante el proceso en que se está gestando la vida de otro ser humano.
A lo largo de los siglos, el embarazo de una mujer ha sido visto como un objeto de valorización y jerarquización, que le da derecho a la sociedad para señalar y enjuiciar a las féminas; y cuando el trabajo de parto llega, éste enjuiciamiento se incrementa.
Con el inicio y desarrollo de la medicina moderna, es el personal de salud quienes más han ejercido este maltrato hacia las mujeres, a través de comentarios sarcásticos, maltratos físicos y abuso de poder en decisiones quirúrgicas sobre las mujeres gestantes y parturientas
Procedimientos no autorizados, gritos, reprimendas o la externalización de un comentario irónico, machista, racista, o una imposición en la salud sexual y reproductiva; el maltrato a las parturientas busca ser penalizado en México y con ello proteger a este sector tan vulnerable.
De acuerdo con el colectivo No Más Violencia Obstétrica, en México no existe un marco normativo que aclare qué es la violencia obstétrica, cómo identificarla o cuáles son los factores que indican qué es, además, tampoco es muy conocida la manera en la que se puede denunciar.
La activista Adriana Buenrostro señala que al no haber una definición en la ley, la violencia puede prestarse a muchas interpretaciones.
En la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, el término “violencia obstétrica” aparece apenas una vez mencionado en un apartado del artículo 6, que a la letra dice:
“Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica”.
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Esta falta de claridad legislativa propicia un fenómeno violatorio a los derechos humanos, no solo el derecho a una vida libre de violencia, sino también el derecho a la salud materna e integridad persona, así como el derecho a la vida.
Así es como también lo planteó Rita Corro, abogada del circulo feminista de análisis jurídico durante un conversatorio sobre violencia obstétrica en México organizado por el Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La especialista señaló que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico señala que de 2002 a 2017 recibió alrededor de 3 mil quejas relacionadas con la especialidad de ginecología y obstetricia, lo cual la coloca en el cuarto lugar de las especialidades médicas con mayor número de quejas.
Además de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI (ENDIREH) 2016, 33.4% de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacimiento, aseguraron haber sufrido violencia obstétrica.
No obstante, fue hasta el año 2007 que dentro del ámbito jurídico se reconoció la violencia obstétrica, lo que permitió visibilizar los estereotipos de género y la discriminación que se da en las salas de parto.
Actualmente, alrededor de 24 entidades federativas reconocen la violencia obstétrica y seis la consideran un delito, pero dentro de los tipos penales se queda al margen la parte intercultural, así como la práctica de las episiotomías (incisión quirúrgica durante el parto); además de que esto hace que se limite a una interacción entre víctimas y victimarios.
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