Esta medida busca reforzar la lucha contra actividades ilícitas que impactan tanto la seguridad nacional como las finanzas públicas.
Reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa obtiene aval en 17 estados. Con la aprobación de la Reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) por 17 congresos estatales, se cumple el requisito de la mitad más uno de los legislativos locales, permitiendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
Hasta el momento, los congresos que han respaldado esta reforma incluyen Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La PPO, ya avalada por la Cámara de Diputados y el Senado, otorga nuevas herramientas legales a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a las Secretarías de Hacienda (SHCP) y Economía (SE), para solicitar prisión preventiva en casos de contrabando, defraudación fiscal y otros delitos graves.
Esta reforma surge como parte de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el contrabando, una problemática que se intensificó tras presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, para frenar la entrada de productos ilegales a México, incluidos aquellos provenientes de China.
Impacto del contrabando en las finanzas públicas
Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), las actividades relacionadas con aduanas y comercio exterior son los principales focos de evasión fiscal, contrabando y corrupción. En 2023, el SAT integró 77 expedientes penales por contrabando y defraudación fiscal, con un daño al erario de más de 6 mil millones de pesos, un aumento del 257.9% respecto al año anterior.
Entre los productos que ingresan ilegalmente al país destacan combustibles, medicamentos, cigarrillos, ropa, calzado y electrónicos. De 2020 a 2023, se denunciaron 732 personas involucradas en estas actividades, incluyendo funcionarios y particulares.
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La reforma al artículo 19 de la Constitución establece que la prisión preventiva oficiosa se aplicará para delitos como extorsión, tráfico de drogas sintéticas y fentanilo, así como el desvío, producción y almacenamiento de precursores químicos.
Un estudio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reveló que el 50% de los consumidores mexicanos adquieren productos pirata o de contrabando de manera voluntaria, subrayando la magnitud del problema que la reforma pretende abordar.
