Este tipo de intervenciones implican complicaciones para la salud de las mascotas, ya que afectan principalmente a la piel, provocando infecciones
Esperanza Villalobos, diputada del partido Morena, presentó ante el Congreso de Ciudad de México una iniciativa que busca prohibir la realización de tatuajes o piercings a las mascotas con fines estéticos.
La legisladora propuso multar con 153 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 13 mil 598 pesos (678 dólares) a quienes realicen esta práctica.
“Dueños de mascotas han recurrido al uso de tatuajes como forma de fácil reconocimiento de las mismas. Sin embargo, algunos han hecho uso de dicha técnica de manera desorbitada, buscando ya no solo su fácil identificación, sino mejorar de manera superficial e innecesaria su aspecto físico”, apunta la legisladora
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Villalobos destaca que este tipo de intervenciones implican complicaciones para la salud de las mascotas, ya que “afectan principalmente a la piel, provocando infecciones por la ruptura de la epidermis, llegando a inducir la aparición de tumores, además de que son dolorosos y considerados como un método cruel”.
En detalle, la propuesta implica cambios en dos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que deberán ser aprobados en el Congreso local para su aplicación.
Concretamente, se reformaría el artículo 25 de la normativa para prohibir “realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines meramente estéticos. Así como colocar u ordenar la colocación de piercings o perforaciones ornamentales en los mismos”.
En este contexto, la única práctica que quedaría permitida sería para el registro e identificación, “bajo supervisión veterinaria”.
Asimismo, se modificaría el artículo 65, a fin de establecer las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la ley.
A favor de los animales, pero en otro sentido, la diputada Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local, en donde se plantea sancionar hasta con cuatro años de prisión y multas económicas a quienes operen rastros clandestinos.
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CAB
