La entrada en el centro de exterminio de La Bartolina se realizará sin la presencia de agentes de la Fiscalía General de la República
Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Guardia Nacional, 15 de 50 integrantes de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas entrarán este jueves por la mañana al centro de exterminio de personas en el poblado La Bartolina, Matamoros.
Delia Quiroa, representante de la agrupación, informó que el gobierno tamaulipeco respondió a la solicitud de protección a las buscadoras y al personal de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, quienes acompañarán la búsqueda prospectiva, anunció la abogada.
l grupo de 15 buscadoras también se integran cuatro personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas (CEDH), así como tres periodistas desplazados “solidarios con la causa”, detalló Quiroa a medios.
El pasado 30 de julio, la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas llamó a una tregua al líder de la facción de los ciclones del Cártel del Golfo, para que les permitiera entrar al centro de exterminio en Matamoros. Ese mismo día, los colectivos “Madres Unidas por Nuestros Hijos”, Milynali Red y Red de Desaparecidos de Tamaulipas se deslindaron del mensaje.
El 10 de agosto, la Unión de Colectivos, integrada por 200 personas de los colectivos 10 de marzo, Nosotras y 3 más que no autorizaron publicar su nombre, anunció su plan de entrar. El grupo “Madres Unidas por Nuestros Hijos”, a través de su líder la señora Rosa, difundió un video para pedirles que no lo hicieran. “Que entienda que no se puede hacer búsqueda, es un lugar ya con hallazgo y se esta procesando con una carpeta en la Fiscalía federal, si se meten y escarban afectarán los procesos de exhumación que ya se tienen y podría afectar la identificación de los restos que ya se recolectaron”.
La Unión ingresará sin la presencia de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), situación que podría devenir en un problema legal en caso de manipulación del lugar. El pasado 7 de agosto, personal de la Fiscalía acudió al centro de exterminio para delimitar el área de trabajo, sin embargo se desconoce si hay guardia permanente en el terreno; el lugar es el centro de exterminio más grande del país y se han recolectado media tonelada de huesos humanos, afirmó la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna.
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Hasta ayer por la noche, la Fiscalía federal no respondió a la solicitud de ingreso enviada por la Unión. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) advirtió esta imposibilidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El conflicto legal por el ingreso se debe a que el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas solo permite el ingreso de personas a un terreno resguardado, si la Fiscalía federal o estatal a cargo de la carpeta de investigación vinculada con el lugar del hallazgo lo aprueba. También es posible que una víctima lo avale; en este caso Rosa, que busca a su hija Dulce Yamelli desde mayo de 2012, se pronunció porque haya información para la familias de la Unión, pero sin ingresar.
Quiroa, abogada del colectivo “Nosotras” y hermana de Roberto Quiroa Flores Valdez, desaparecido el 10 de marzo de 2014, en la colonia Las Fuentes de Reynosa, Tamaulipas, aseguró que en caso de estar resguardado no cruzarán los límites impuestos por la FGR, pero buscarán alrededor del terreno.
Las 15 personas de la Unión salieron ayer por la mañana de Reynosa y durmieron en un hotel en Matamoros bajo la seguridad de la Guardia Nacional.
En 2016 el predio, considerado un centro de exterminio, muy cerca de la frontera con Brownsville, Texas, fue descubierto por el Ejército, que dio aviso a la entonces procuraduría estatal.
La dependencia local inició las primeras labores de exhumación y en abril de ese año elementos de la recién creada Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas empezaron a procesar los restos humanos rescatados.
En 2017 el terreno —que tiene una extensión de alrededor de 3 kilómetros— pasó a resguardo de la entonces Procuraduría General de la República.
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CAB
