Con concierto al interior, madres de desaparecidos protestan afuera de Palacio Nacional

Con concierto al interior, madres de desaparecidos protestan afuera de Palacio Nacional

Las manifestantes fueron atendidas por Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, a quienes entregaron sus demandas

Madres de personas desaparecidas protestaron este 10 de mayo afuera de Palacio Nacional, exigiendo vetar la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada por el Senado hace algunos días.

Mientras en la conferencia mañanera de este lunes se ofrecía un concierto para celebrar el 10 de mayo, madres de personas desaparecidas realizaban su protesta.

Las manifestantes fueron atendidas por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernacion (Segob), y el subsecretario Alejandro Encinas, a quienes entregaron sus demandas

La nueva Ley de la Fiscalía General de la República ha sido criticada por activistas y organizaciones o gubernamentales por reducir las responsabilidades del organismo en cuanto a la búsqueda de desaparecidos.

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El texto inicial, propuesto por el fiscal general Alejandro Gertz Manero provocó el rechazo de activistas y Organizaciones no gubernamentales, pues buscaba sacar a la Fiscalía de los diferentes organismos públicos de protección de derechos humanos para darle mayor autonomía.

Finalmente, el Congreso decidió mantener el Ministerio Público dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero activistas denuncian que se redujeron sus competencias.

El texto aprobado establece que la Fiscalía deberá garantizar “los derechos de las víctimas”, brindarles “protección”, tomar “en consideración” las propuestas de investigación que planteen y darles acceso a registros.

No obstante, se establece que la Fiscalía General solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”.

En este contexto, se dejará la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

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CAB

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