Las autoridades de Brasil y las empresas encargadas de la gestión del agua del río intentan averiguar cómo evitar la contaminación, mientras se entierra a las primeras víctimas mortales
Un grupo de expertos y relatores de las Naciones Unidas en derechos humanos pidió este 30 de enero una investigación “rápida, profunda e imparcial” del accidente ocurrido la pasada semana en el sureste de Brasil, donde la rotura de una presa de residuos causó al menos 84 muertos y más de 200 desaparecidos.
En un comunicado, los expertos recuerdan que el accidente es el segundo que implica a la compañía minera Vale en los últimos tres años y cuestiona las medidas preventivas tomadas tras el primer siniestro, también ocurrido en el estado de Minas Gerais.
“Urgimos al Gobierno a actuar decididamente en su compromiso de hacer todo lo posible para evitar que se repitan estas tragedias y para llevar a sus responsables a la justicia”, señaló el grupo de expertos, entre ellos los relatores de derechos humanos y medio ambiente Baskut Tuncak, Léo Heller y David Boyd.
Our statement on the #Brumadinho disaster https://t.co/ZB4Y4GWaAz #PressRelease #Brazil pic.twitter.com/Ljo98bWDL0
— Baskut Tuncak (@SRtoxics) 30 de enero de 2019
También mostraron preocupación por recientes medidas tomadas por Brasil en los pasados años para reducir la regulación en materia de protección social y medioambiental en Brasil. Asimismo exigieron a Brasilia que dé prioridad a la evaluación de la seguridad de los actuales embalses en el país, corrigiendo los sistemas de licencia e inspección.
“Pedimos al Gobierno de Brasil que no autorice nuevas presas de residuos ni actividades que afecten a la integridad de las que ya existen hasta que no se garantice su seguridad”, reza el comunicado.
Éste también se dirige a la compañía Vale, a la que pide una completa cooperación con las autoridades durante la investigación y “actuar de acuerdo con sus responsabilidades para identificar, prevenir y mitigar los adversos impactos en los derechos humanos”.
En este contexto, un fangoso torrente de residuos de minería provocado por el colapso de una presa en el sureste de Brasil, que contiene una elevada concentración de óxido de hierro, avanzaba hacia un pequeño río y amenazaba con contaminar uno más grande que abastece agua potable a comunidades en cinco de los 26 estados de Brasil.
O #DOU de hoje traz 2 resoluções do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, criado por decisão da Presidência da República, que estabelecem novas medidas para fiscalizar barragens no Brasil e aumentar a segurança dos empreendimentos: https://t.co/f63YDKa9c1 pic.twitter.com/dmn524cW3J
— Meio Ambiente (@mmeioambiente) 29 de enero de 2019
El lodo ya tiñó de marrón las normalmente verdosas aguas del rio Paraopeba a unos 18 kilómetros de Brumadinho, donde ocurrió el derrumbe, y el jefe de una comunidad indígena dijo el martes que agentes medioambientales brasileños les advirtieron que dejen de pescar en el río, de bañarse en sus aguas y de utilizarlo para regar los cultivos de los que se alimentan.
El Paraopeba desemboca en el Río Sao Francisco, que proporciona agua potable y de riego a cientos de municipalidades y ciudades grandes como Petrolina, en el estado de Pernambuco, a 1,400 kilómetros de Brumadinho, que está en Minas Gerais.
Mientras los familiares entierran a las primeras víctimas y los rescatistas buscan a los 276 desaparecidos, las autoridades de Brasil y las empresas encargadas de la gestión del agua del río intentan averiguar cómo evitar la contaminación.
Su atención se centrada en el complejo de la presa hidroeléctrica de Retiro Baixo, a unos 300 kilómetros del lugar de la tragedia. Funcionarios y ambientalistas esperan poder utilizar las reservas de la instalación para aislar el lodo de manera que el agua quede limpia antes de seguir hacia el Sao Francisco.
“Muchas comunidades y ciudades en diferentes estados dependen de ese río para vivir”, dijo Carlos Rittl, director de la ONG brasileña Observatorio del Clima.
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