Las manifestantes denunciaron que solo una de cada diez mujeres que demandan alimentos logra una pensión para sus hijos
Madres solteras e integrantes de colectivos feministas vestidas de novia, protestan frente al Congreso de la Ciudad de México, en el cruce de Donceles y Allende, en el Centro Histórico capitalino.
Exigen que se reforme la ley para dar garantías y certeza jurídica sobre el pago de manutención o pensión alimenticia, por parte de los padres de familia.
Representantes de colectivas de mujeres presentaron esta mañana en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa “Caso 992” para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX y el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, con el fin de que la Unidad de Medidas Cautelares tenga facultades para intervenir en la ubicación de deudores alimentarios y en la dictaminación de su peligrosidad procesal
Las mujeres lanzaron consignas y mostraron pancartas frente al recinto, donde también solicitaron ser atendidas por legisladores, teniendo como referencia la iniciativa caso 992.
El caso 992 es un movimiento que fue detonado en el año de 2019 por la tramitación de un juicio en el que una mujer madre de tres hijos fue abandonada después de haber sido despojada de la totalidad de su patrimonio y después de resistir actos graves de violencia.
El juicio fue acogido como litigio estratégico por las colectivas feministas y por las asociaciones defensoras de los derechos de los niños.
Las manifestantes denunciaron que una de cada diez mujeres que demandan alimentos logra una pensión para sus hijos, mientras que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión.
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Vestidas con el traje de novia, luego de presentar la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México las colectivas acudieron al Senado de la República para gestionar que dicha reforma sea incorporada en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles.
Señalaron que se demandará la adopción de medidas que aseguren la autonomía judicial y se exigirá el cese inmediato del tráfico de influencias a favor de deudores y violentadores, insistiremos también en la aprobación tanto de las reformas en materia de Violencia Vicaria como de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, dirigida a que los agresores sexuales y los deudores alimentarios no accedan a cargos públicos.
Por último, aseguraron que el próximo martes se dirigirán a la Cámara de Diputados para que la ley “caso 992” se convierte en una ley Federal.
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CAB
