Con la destitución de este magistrado, el pleno de la CJF encabezado por el ministro Arturo Zaldívar reafirmó su política de “cero tolerancia a la violencia de género”
Por hostigamiento sexual a una decena de mujeres y contratar a la cónyuge de un juez de su mismo circuito, un magistrado federal de Querétaro fue destituido de su cargo e inhabilitado como impartidor de justicia por un periodo de diez años.
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la sanción contra el exjuzgador al reiterar que la posición de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea frente a la violencia de género y nepotismo es de “cero tolerancia” hacia ese tipo de conductas indebidas.
Tras darse a conocer la noticia, el ministro presidente de la SCJN reiteró a través de su cuenta de Twitter que la seguridad de las mujeres es prioridad en el PJF.
“El acoso sexual no será permitido en el #PJF. Cero tolerancia a la violencia de género. La seguridad de las mujeres es prioridad. Avanzamos hacia una mejor justicia en beneficio de todas las personas. Por un país más justo y más igualitario. Acciones, no discursos”.
El acoso sexual no será permitido en el #PJF. Cero tolerancia a la violencia de género. La seguridad de las mujeres es prioridad. Avanzamos hacia una mejor justicia en beneficio de todas las personas. Por un país más justo y más igualitario.
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) January 8, 2020
Acciones, no discursos. https://t.co/rzh1QYnFkC
Al informar de la resolución, el CJF detalló que el juez – esposo de la mujer contratada por el magistrado inhabilitado- también recibió una sanción consistente en una suspensión de su responsabilidad “por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”.
El combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del CJF, pues representa un cáncer para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales” destaca el comunicado del poder judicial.
Además, se aseguró que la decisión del pleno del Consejo de la Judicatura Federal se originó con apego a la Constitución mexicana, a las leyes aplicables al caso y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.
Finalmente, el comunicado recordó que la justicia es para el servicio y la seguridad de los mexicanos y por ello, los servidores públicos del poder judicial de la federación “estarán a la altura” de las circunstancias y seguirán siendo sensibles, íntegros y capaces frente a la justicia social.
Con información de Isabel González y del Consejo de la Judicatura Federal
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