La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha imputado a la detenida por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) arrestó y puso en proceso a Araceli Ciriaco Arroyo, miembro de un sindicato vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por el delito de lavado de dinero. Se le acusa de haber colaborado con otras personas para utilizar varias empresas fantasma con el fin de encubrir actividades ilegales.
“En octubre de 2021, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en Almoloya de Juárez (Altiplano), emitió una orden de aprehensión contra Araceli ‘C’, a quien se le imputó haber llevado a cabo operaciones ilícitas, al menos entre 2014 y 2015, a través de un conglomerado de aproximadamente 100 personas morales y desde un sindicato al que pertenecía.”
La detención de la mujer, llevada a cabo por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se realizó en las calles de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba necesarios para establecer la vinculación a proceso, fijando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedó detenida en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
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Según la investigación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración y Similares de la República Mexicana tenía escasos registros ante la CTM. Uno de los pocos contratos colectivos en los que figura como titular es con la empresa Marine Tech, ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, que se dedica al alquiler de artículos para el hogar.
Se sospecha que entre 2012 y 2018 se trianguló un total de 348 millones de pesos a través de facturas falsas, enviando posteriormente los recursos a terceros no relacionados con el sindicato. Estos movimientos fueron detectados en 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que resultó en el bloqueo de sus cuentas bancarias y en la remisión del caso a la entonces FGR.
Como parte de este caso, se emitieron 45 órdenes de aprehensión contra miembros del sindicato y particulares involucrados en el delito. Uno de los detenidos fue el líder sindical Leopoldo Rosendo Quintanar Medina, quien fue ingresado al penal de El Altiplano. Se solicitaron condenas de entre 50 y 70 años para él y otros detenidos.
