Este nuevo recurso legal cuestiona la exención del permiso ambiental en la sección más riesgosa del Tren Maya que conecta Playa del Carmen con Tulum
Se presentó una nueva demanda de amparo en la batalla legal contra el Tren Maya, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo.
Este nuevo recurso legal cuestiona la exención del permiso ambiental en la sección más riesgosa del Tren Maya que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros de un hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, grandes felinos y primates, así como los flujos subterráneos del acuífero de la Península de Yucatán.
La demanda de las organizaciones ambientalistas impugna la “autorización provisional”, emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que toma como base el Acuerdo del 22 de noviembre de 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que declara las obras del Gobierno de México como “de interés público y seguridad nacional”.
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También hace referencia a la violación del Acuerdo de Escazú, dado que el gobierno de México inició las obras, negando el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como es el cambio en el trazo de la ruta.
“Con el Acuerdo Presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impacto ambiental, se están violando los derechos a la información, a la participación pública en materia ambiental, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución, y lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)”, advirtió Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
Por su parte, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, alertó que la construcción del Tren Maya, ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos otros animales en peligro de extinción.
“Se debe detener la obra hasta que Fonatur cumpla con la ley y la Semarnat evalúe realmente las amenazas al ecosistema y las especies”, indicó.
Por otro lado, el amparo hace referencia a la violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. Lo anterior, dado que el gobierno federal inició las obras negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como el cambio en la ubicación del trazo.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a cumplir y hacer cumplir el marco constitucional.
Con el acuerdo presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la participación pública en esa misma materia, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución.
Las autoridades no han respetado la ubicación del trazo en vías de comunicación preexistentes como se había prometido. La deforestación y demás actividades que se han realizado hasta este día son completamente ilegales y ninguna promesa de mitigación o reparación a posteriori pueden servir de aval a un trazo que no se encuentra autorizado, con el cual se comprometen incluso los compromisos climáticos de nuestro país”, declaró Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
De admitirse la demanda en la justicia de Yucatán, se podría conceder una suspensión del proyecto de construcción en los siguientes días.
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