La conductora de televisión y su esposo serían buscados en más de 190 países luego de que la Interpol emitió la ficha roja
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) habría emitido una ficha roja para la búsqueda y localización de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, con lo que serían buscados en más de 190 países.
Fuentes judiciales informaron que Gómez Mont y Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.
Gómez Mont y Álvarez Puga están acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Además, ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas factureras.
La acusación que ya fue presentada ante un juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019. En caso de ser detenidos deberán ser encarcelados en una prisión federal, Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, estado de México, y ella, en la prisión federal femenil que se localiza en Morelos.
La orden de captura en contra de la conductora de televisión y su cónyuge es por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.
Hace unos días, la conductora Inés Gómez Mont aseguró que la acusación en su contra por enriquecimiento ilícito por tres mil millones de pesos era falsa.
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Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados Gómez Mont y Álvarez Puga.
El juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
Para ello, la FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
Según las pesquisas, los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya contaba con citatorio para audiencia por otro caso.
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CAB
