La Ley vale cuando existan indicios suficientes de hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de procedencia ilícita
El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquear cuentas bancarias sin necesitar la orden de un Juez.
La Ley se aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra. Impulsada por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señala que la unidad podrá introducir a una persona a la lista de bloqueos cuando existan indicios suficientes de que está relacionada con hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados a delitos.
La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue modificada por los senadores en dos formas.
La primera indica que será una institución bancaria, y no la UIF, quien notifique por escrito a las personas implicadas; y la segunda, las entidades financieras no estarán limitadas a hacer del conocimiento del cliente que ha sido incluido en la lista de bloqueo.
También podría interesarte: Corren rumor que se descongelaron cuentas de Elba Esther, Santiago Nieto lo niega
Así, el procedimiento que se debe seguir es que, una vez que se ordene el bloqueo, se abrirá un espacio de 10 días hábiles para que el interesado presente pruebas o alegatos en contra de la medida.
Asimismo, se establece que si es considerado necesario por la institución, este plazo se podría ampliar por 10 días más.
Además, se apunta que cuando se cumpla el tiempo para realizar alegatos, la UIF tendrá 15 días hábiles para determinar si se concluye con el bloqueo o si se mantiene en la lista al implicado.
Cabe destacar que la medida cautelar que se establece en la ley se cumplirá cuando haya una obligación internacional solicitada a México o por el cumplimiento de una determinación adquirida por un organismo internacional que cuente con atribuciones reconocidas por las autoridades mexicanas.
Durante la presentación del dictamen, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, detalló que esta iniciativa busca también garantizar los derechos y las garantías individuales.
“no podemos violentar garantías constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia”, dijo
El petista Joel Padilla Peña subrayó que el dictamen establece un procedimiento para que se haga valer el derecho de audiencia ante la UIF.
Esto para quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas; o por combate a delitos de financiamiento al terrorismo; así como operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos asociados con los delitos del crimen organizado.
Contenido relacionado:
Santiago Nieto presenta informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera
CAB
